La Procuraduría Fiscal ha brillado por su ausencia, pues no hay avances en la investigación, a pesar de la opinión de delito que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra los hermanos El-Mann Arazi, por omitir información relevante al público inversionista.
Este órgano regulador determinó que éstos incurrieron en sanciones a la Ley del Mercado de Valores en perjuicio de sus inversionistas, al no reportar ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sobre el bloqueo de cuentas bancarias que les aplicó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la celebración de criterios de oportunidad por el delito de lavado de dinero.
Ni siquiera los llamados que hicieron la propia CNBV y la Fiscalía General de la República han logrado que se aceleren las investigaciones contra estos supuestos empresarios, quienes forman parte del Comité Técnico de Fibra Uno y cuya función debiera ser velar los intereses de los inversionistas de ese fideicomiso.
¿A qué se atribuye que la procuraduría fiscal no ejerza acciones para responsabilizar a los El-Mann por estos hechos?, ¿habrán “comprado” su protección? Tal vez sean sólo conjeturas, pero no es una especulación que estas sanciones contemplen de 5 a 10 años de prisión y, pese a ello, esta dependencia no haya iniciado acciones legales para continuar con las investigaciones.
Adquirir el tipo de “favor” que los hace impunes les costó sólo 2,000 millones de pesos; realmente una minucia, comparado con lo mucho que han ganado por sus negocios. Sólo en el segundo trimestre del año, Fibra Uno reportó ingresos por 5,285.5 millones de pesos, un alza de 23%, comparado con los 4,298 millones obtenidos en el mismo periodo de 2020 y teniendo en consideración que la utilidad operativa neta y los flujos de operación fueron de 996.9 millones de pesos, es decir, un repunte de 30.7% más que en igual lapso del año pasado.
Nada mal, si se toma en cuenta que FUNO cerró el segundo trimestre del año con cerca de 10.8 millones de metros cuadrados de área rentable y 661 inmuebles en todo el país, con una tasa de ocupación de 91.8 por ciento. Así que, si los números no fallan, 2,000 millones de pesos tan sólo representan una propina para los El-Mann, ya que de enero a junio se embolsaron más de 5,200 millones a través de Fibra Uno.
Entonces, ¿cuánta propina más están dispuestos a pagar considerando que actualmente están siendo investigados por diversos delitos patrimoniales cometidos de forma dolosa? Esto pone de manifiesto que Fibra Uno es una fuente inagotable de recursos de la que los hermanos El-Mann pueden echar mano (en perjuicio de sus inversionistas), cada vez que quieren arreglar un “problemita”, comprar impunidad o pagar a los medios de comunicación por dejarlos ver como las “víctimas”, pese a haber cometido delitos y haber estafado al público inversionista.