El inciso IV del Artículo 124, correspondiente a la Ley del Mercado de Valores es muy claro: En ningún caso podrán ser consejeros las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ejercer el comercio o desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano.
También estipula que los nombramientos de consejeros deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa, atributos de los cuales carecen Moisés, André y Max El-Mann Arazi.
Sin embargo, esto no parece importarle a Fibra Uno, el fideicomiso inmobiliario, pues los hermanos El-Mann continúan ostentándose como parte de su Comité Técnico, pese a haber declarado en un criterio de oportunidad que celebraron por lavado de dinero que utilizaron mil millones de pesos, los cuales obtuvieron de un fideicomiso en el que eran parte, para beneficios particulares.
Y así, junto con esta cantidad dispusieron de otros 1,000 millones que entregaron a la fiscalía general a manera de “propina”, para que la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) de la Secretaría de Hacienda descongelara las cuentas de Fibra Uno y, por supuesto, las suyas.
Inclusive, en el inciso VI del Artículo 2 estipula que para efectos de esa ley se entenderá por información relevante a “toda información de una emisora necesaria para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, y sus riesgos, así como, en su caso, la información del grupo empresarial al que pertenezca, independientemente de su posición en el grupo, siempre que influya o afecte dicha situación, y que sea necesaria para la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por la propia emisora, conforme a usos y prácticas de análisis del mercado de valores mexicano”.
Pese a lo anterior, los hermanos El-Mann Arazi omitieron revelar información relevante al público inversionista, incurriendo en sanciones a la Ley del Mercado de Valores en su perjuicio, al no reportar ante la Bolsa Mexicana de Valores sobre el bloqueo de las cuentas bancarias que les aplicó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la celebración del criterio de oportunidad que dio lugar al desbloqueo.
En su Artículo 1°, la Ley del Mercado de Valores expone que su objeto es desarrollar el mercado de valores en forma equitativa, eficiente y transparente, proteger los intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistémico y fomentar una sana competencia.
Sin embargo, pareciera que los El-Mann son recompensados por infringir la ley, ya que a pesar de haber realizado las actividades antes descritas, continúan siendo directivos de este fideicomiso inmobiliario, que se ostenta como el más grande en el país, con un portafolio comercial, industrial y de oficinas conformado por 661 propiedades. Pero para ellos no se trata de un fideicomiso, sino más bien de una chequera abierta.