Fibra Uno, el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) en México, vuelve a romper paradigmas y se convierte en el primer instrumento en ser administrado por individuos confesos por el delito de lavado de dinero.
Desde luego que ser administrado por lavadores de dinero es grave; pero eso no es todo, ya que desde hace un año las autoridades investigan a los altos directivos de Fibra Uno (o FUNO), por engañar a sus inversionistas al omitir revelar información relevante en la Bolsa Mexicana de Valores.
FUNO es objeto de desprestigio desde aquel día en que el Fiscal General de la República exhibiera en la mañanera un cheque de los hermanos El-Mann Arazi, que fue entregado por el fiscal Alejandro Gertz Manero al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). Según las propias declaraciones de los El-Mann, vertidas en el criterio de oportunidad que celebraron, el origen de parte de ese dinero provenía de un fideicomiso en el que participaban como miembros del Comité Técnico, por lo que desviaron estos recursos, que no eran suyos, y escondieron información crítica a otros directivos, así como al público inversionista.
El no informar al mercado de valores que habían recurrido a un criterio de oportunidad y que sus cuentas hubieran sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) provocó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitiera una opinión positiva de delito, ante la omisión de revelar información y eventos relevantes, por lo que a partir de ese momento, la Procuraduría Fiscal estaría encargada de realizar una investigación por estos hechos constitutivos del ilícito.
Mientras tanto, los hermanos Moisés, Max y André El-Mann Arazi, miembros del Consejo Técnico de Fibra Uno, presentaron un proyecto de “acuerdo reparatorio”, por el cual se obligaban a pagar 2,000 millones de pesos, cuyos cheques podrían ser canjeados una vez que la UIF liberara sus cuentas bancarias y las de Fibra Uno.
No obstante, y como una forma de “congraciarse” con las autoridades, señalaron que ese dinero era producto de la reparación de un daño en su esfuerzo por combatir la corrupción. Sin embargo, su propuesta no prosperó porque la autoridad señalada como víctima (el Infonavit), se negó a firmar el mencionado acuerdo reparatorio.
En dicho convenio también se le daba un perdón más amplio a Fibra Uno. ¿Se informó a los inversionistas que fueron representados por los El-Mann en dicha reparación?, ¿por qué Fibra Uno necesitaba ese finiquito? Si no lo requería, ¿por qué se le incluyó? Si no lo necesitaba, ¿por qué entonces no se opusieron ni lo aclararon a la Bolsa Mexicana de Valores por medio de un comunicado?
Ante la falta de avance con el acuerdo reparatorio, los El-Mann solicitaron un “criterio de oportunidad” por el delito de lavado de dinero como consecuencia de la entrega de esa cantidad para evitar ser perseguidos. En ese criterio de oportunidad también se le concede a Fibra Uno perdones y finiquitos. ¿Se informó a los inversionistas que fueron representados por los El-Mann en dicho criterio?, ¿las emisoras de valores pueden ser administradas por lavadores de dinero confesos?
Pese a ello, la “recuperación” de este dinero fue presumida como un logro de la 4T que se anunció en la conferencia mañanera del 10 de febrero de 2020, cuando el Fiscal General presentó al Presidente de la República un cheque por 2,000 millones de pesos, aun cuando no tenía fondos en ese momento, ya que se pagó después.
Inclusive, el titular de la FGR aseguró que el caso se inició gracias a una denuncia de la Consejería Jurídica de Presidencia ante esta misma dependencia; sin embargo, el Fiscal mintió, pues no existe dicha querella.
Lo que no es una falacia es que toda esta desafortunada sucesión de eventos dejó grietas en la reputación de Fibra Uno, una empresa que debutó en la Bolsa Mexicana de Valores en 2011 y que cobró fama tras sumar a su portafolio la Torre Mayor, uno de los edificios corporativos más emblemáticos en el país.
Esta jugarreta fue obra de gente sin escrúpulos, a la que poco le importan las regulaciones o el público inversionista, ya que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos sin preocuparse por lo que tengan que hacer o a quiénes tengan que pisotear para lograrlo. Eso sí, como dice el Fiscal General de la República, el dinero viene de “delincuentes de cuello blanco”, pero las autoridades no han hecho lo necesario para proteger a los inversionistas de nuestro país, por lo que se deja un peligroso precedente.