La compañía Telra Realty, de la familia Zaga, invirtió en un portafolio inmobiliario en Estados Unidos, tras recibir una indemnización equivalente a 4,800 millones de pesos más IVA por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual determinó dar marcha atrás a un acuerdo celebrado por ambas partes para desarrollar el Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH).
Tras la cancelación anticipada de este proyecto, por órdenes del entonces director, David Penchyna, la empresa transfirió 1,000 millones a un fideicomiso en el que participaban los hermanos Moisés, André y Max El-Mann Arazi, conocidos por haber creado el fideicomiso inmobiliario Fibra Uno.
Este movimiento, que se parecía a cualquier otra estrategia de negocio para diversificar las inversiones, terminó convirtiéndose en una pesadilla para los Zaga, quienes han sido objeto de una persecución política y judicial, ante su negativa a formar parte de transacciones gestadas en la opacidad, las cuales habían sido ejecutadas por los hermanos El-Mann, quienes aun cuando no formaron parte del acuerdo pactado con el Infonavit y Telra, actuaron con alevosía y entregaron a la Fiscalía General de la República dos cheques por la cantidad de 1,000 millones de pesos cada uno.
El trasfondo de esta decisión continúa siendo un misterio, sobre todo pues junto con la entrega de los cheques, los El Mann Arazi accedieron a celebrar un criterio de oportunidad en el cual manifestaron expresamente que mil de los dos mil millones que entregaban, los habían recibido de manos de Telra, la empresa de la familia Zaga, lo que orilló a estos últimos a presentar una denuncia en su contra, con la finalidad de conocer el destino de los recursos que hasta hoy se desconoce.
Sin embargo, los medios de comunicación decidieron tomar partido y optaron por no centrarse en este hecho ‒a todas luces ilegal y ventajoso por parte de los hermanos El-Mann, ni tampoco en indagar sobre las sanciones al pago de los cheques entregados por los directores de Fibra Uno‒, pero sí en culpar a Telra Realty, creando una percepción negativa de la empresa y la familia Zaga hacia la opinión pública.
Mientras tanto, la 4T anunciaba con bombo y platillo que había logrado recuperar 2,000 millones de pesos, provenientes de su combate a la corrupción (los cheques entregados por los El-Mann), que serían entregados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), con el fin de resarcir el supuesto quebranto cometido en contra del Infonavit. Así pues, en la tradicional conferencia mañanera se montó un circo mediático para exhibir ante los reporteros un cheque, mismo que pese a no tener fondos, se dejaba como garantía en tanto se desahogaba esta situación.
También se informó que el caso inició gracias a una denuncia de la Consejería Jurídica de Presidencia ante la Fiscalía General de la República, aunque hasta donde se tiene conocimiento no existe dicha querella. En ese momento, los medios tampoco volvieron a ver el cuadro completo.
Los titulares sólo se enfocaron en anunciar otro presunto “logro” de la 4T, pero no se preocuparon por indagar sobre el paradero de los recursos que la familia Zaga había entregado a los El-Mann Arazi ni tampoco en documentar por qué la fiscalía no ha ejercido su función de investigación ante esta situación.
Desde entonces, la familia Zaga no ha hecho más que nadar a contracorriente, mientras los medios siguen pasando por alto asuntos cruciales y generando desinformación, ya que no están documentando profundidad y omiten aspectos clave como por qué a los El-Mann no les pareció importante notificar a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que las cuentas de Fibra Uno fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que lograron el desbloqueo de las cuentas mediante la firma de un criterio de oportunidad; y sobre todo, por qué se entrometieron en un acuerdo legalmente establecido entre el Infonavit y Telra Realty sobre el cual no tenían ninguna injerencia (si no fue solo para obtener un beneficio propio).
Desafortunadamente, no hay respuestas a estas preguntas, empezando porque las cosas que se han publicado en varios medios son meramente superficiales y después, porque desconocemos las motivaciones de los hermanos El-Mann para orquestar semejante bajeza.
Y así, mientras éstos aprovecharon los privilegios de la impunidad (obtenida mediante el pago de 2 mil millones de pesos), se emprendió una cacería de brujas en contra de la familia, que comenzó desde que el 10 de octubre de 2019, cuando Rafael Zaga fue citado, por un tercero y de manera extraoficial, a presentarse en las oficinas del fiscal general de la República.
Según esto, la dependencia tenía sospechas en torno a los 4,800 millones de pesos más IVA que el Infonavit le había pagado en 6 exhibiciones mensuales, producto de la indemnización por la cancelación anticipada del acuerdo que celebraron para desarrollar el Programa de Movilidad Hipotecaria.
Argumentaban que este pago se había llevado a cabo de forma irregular; por lo tanto, los recursos tendrían que ser devueltos en una semana, pues de lo contrario la familia sería perseguida con toda la fuerza del Estado.
Lo anterior dio pie a que la UIF determinara congelar las cuentas de Fibra Uno, de los hermanos El-Mann, y Telra, de la familia Zaga, el 28 de enero del año pasado; sin embargo, los bloqueos se dieron fuera de toda investigación, por ello tuvieron que interponer diversos amparos, mientras que los El-Mann sólo tuvieron que solicitar un criterio de oportunidad para evitar ser perseguidos.
Este movimiento sin duda les trajo beneficios, pues para la prensa, la familia Zaga es responsable de este supuesto desfalco, ya que nuevamente no han vuelto a ver el cuadro completo y así, con pocos hechos y desinformación, se han dedicado a señalarlos como culpables, cuando en realidad distan mucho de serlo.